Asamblea aprobó por unanimidad #ResoluciónZaruma

Asamblea aprobó por unanimidad #ResoluciónZaruma

EL PLENO  DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO

Que, el artículo 3, numeral 7 de las Constitución de la República, determina como deber primordial del Estado: “Proteger el patrimonio natural y cultural del país”;

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República “reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir”;

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República dispone que:Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”;

Que, el artículo 66, numeral 2 de la Constitución de la República reconoce y garantizará a las personas: “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”;

Que, el artículo 66 numeral 27 de la Constitución de la República reconoce y garantizará a las personas: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”;

Que, el artículo 164 de la Constitución de la República expresa que: “La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.

El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales.”;

 

Que, el artículo 165 de la Constitución de la República establece: “Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución.

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:

  1. Decretar la recaudación anticipada de tributos.
  2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.
  3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.
  4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado.
  5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.
  6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.
  7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
  8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.”

Que, el numeral 4 del artículo 276 de Constitución de la República señala como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el artículo 326, numeral 5 de la Constitución de la República ordena que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”;

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República establece que: “el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. (…)”;

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República expresa que: “el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. (…)”;

Que, la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece a la Secretaría de Gestión de Riesgos como órgano rector del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos;

Que, en la jurisdicción provincial de El Oro, existe una ciudad y población con características excepcionales, la ciudad de Zaruma, ciudad minera que logra crear una arquitectura vernácula apropiada al medio, construida en madera; tales características y condiciones llevaron a que en el año de 1990, el Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador declarara a Zaruma Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano; y, desde 1998, Zaruma consta en la lista indicativa de la UNESCO, inscrita por el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador como una Ciudad Elegible Patrimonio Cultural de la Humanidad; y cuyo trámite fue retomado por el Comité Interinstitucional conformado por los Ministerios Coordinadores de Patrimonio, Ambiente, Turismo, Cultura, Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con la participación de la Alcaldía de Zaruma, en enero de 2013;

Que, la Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico-Minero Metalúrgica CODIGEM con el propósito de proporcionar un informe técnico a la Comisión de Asuntos Mineros del cantón Zaruma, en 1995 emitió un documento en el que constan los “Riesgos geológicos -geotécnicos de la ciudad de Zaruma, por efecto de labores Mineras en el casco urbano” y señala entre sus conclusiones que la zona de exclusión minera establecida en 1993 prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras en el área específica y comprende un cono natural con vértice en el centro de la tierra. El sector así definido constituye un pilar natural de seguridad para la ciudad. De igual forma, están prohibidas las labores que no obstante de haberse iniciado fuera de la “Zona de exclusión minera”, ingresen al sector descrito, y que las ondas sísmicas inducidas por el uso de explosivos y aditivos probablemente se ha transmitido a la cimentación de algunos edificios y calles;

Que, varias entidades gubernamentales tales como: CODIGEM, 1995; DINAGE, 2001; Servicio Geológico Nacional, 2008; entidades predecesoras del INIGEMM, han realizado varios estudios referentes a los principales riesgos geológicos geotécnicos en el casco urbano de la ciudad de Zaruma, señalando varias recomendaciones que no han sido implementadas en la zona; no obstante a que, en el año 2015, la zona de exclusión minera fue ampliada por parte del Ministerio de Minas, atendiendo lo ordenado en la vigente Ley de Minería, a través de los Acuerdos Ministeriales No. 2015-031, publicado en el Registro Oficial No. 590 de 18 de septiembre 2015, y No. 2017-002, publicado en el Registro Oficial No. 948 de 20 de Febrero 2017, con la finalidad de precautelar la vida, la salud y el ambiente, así como para proteger la infraestructura pública y privada de este Patrimonio Cultural del Ecuador. Actualmente, existe una zona de exclusión minera de 173 hectáreas, donde no hay concesiones mineras porque se supone está prohibida la explotación;

Que, no obstante a los esfuerzos desplegados tanto en el ámbito normativo como de gestión institucional por el Gobierno Nacional, a fin de precautelar la vida, la salud, el ambiente y la infraestructura pública y privada en el territorio zarumeño, declarado como zona de exclusión para la minería; a la fecha persisten las detonaciones cada vez con mayor intensidad en los bajos de la ciudad, así como la explotación minera irracional, socavando con ello los cimientos de la ciudad y poniendo en peligro la vida de los habitantes;

Que, en la ciudad de Zaruma, en las últimas décadas, se ha venido realizando labores mineras ilegales subterráneas en la zona urbana, que han provocado la alteración de las condiciones físico mecánico y geomorfológicas, que representan un riesgo para la seguridad de la ciudadanía y afectan la infraestructura pública y privada;

Que, es evidente la situación de conmoción interna y calamidad pública que vive la ciudad de Zaruma, especialmente los habitantes de la zona de exclusión minera debido a la explotación irracional e ilegal en el subsuelo de la ciudad que pone en peligro la integridad de las personas y el patrimonio cultural de la ciudad, con una manifiesta falta de control de los organismos encargados de supervisar las actividades mineras en el Distrito Minero Zaruma-Portovelo;

Que, es obligación de la Asamblea Nacional solidarizarse con dicha población afectada por esta actividad antrópica y exigir del Gobierno Nacional que asuma las obligaciones inherentes a proporcionar el auxilio necesario a las familias que residen en la zona de exclusión y movilice a todas las instituciones del sector social para afrontar con oportunidad la emergencia en la que se debate la población;

Que, con forme lo ordena el numeral 21 del el artículo 9  de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, corresponde a la Asamblea Nacional “conocer y resolver todos los temas que se pongan a su consideración a través de resoluciones o acuerdos”;

En ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales

 

RESUELVE:

Artículo 1.- Exhortar al señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, para que analice la pertinencia de emitir el Decreto Ejecutivo a través del cual se declare el estado de excepción en la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro, afectada por la explotación minera irracional e ilegal en el subsuelo del casco central de la urbe, a fin de cesar la degradación ambiental, evitar la pérdida de vidas humanas y la destrucción del patrimonio cultural.

Artículo 2.- Demandar de los Ministerios de Minería, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre otros, realicen acciones conjuntas con el fin de proporcionar auxilio oportuno y procurar las atenciones y servicios que sean necesarios hasta poner fin a las actividades de minería en la zona de exclusión minera de la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro, atendiendo lo ordenado en la vigente Ley de Minería y los Acuerdos Ministeriales No. 2015-031, publicado en el Registro Oficial No. 590 de 18 de septiembre 2015, y No. 2017-002, publicado en el Registro Oficial No. 948 de 20 de Febrero 2017, con la finalidad de precautelar la vida, la salud y el ambiente, así como para proteger la infraestructura pública y privada de este Patrimonio Cultural del Ecuador.                                                      

Artículo 3.- Solicitar al Gobierno Nacional para que en representación del Estado ecuatoriano proceda a la entrega de los recursos económicos necesarios para atender la emergencia en el sector, los proyectos de remediación del subsuelo y el taponamiento de todas las bocaminas, con el fin de recuperar los espacios destruidos del subsuelo y de la ciudad patrimonio; así como demandar al Gobierno Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura, la construcción inmediata del centro de educación “La Inmaculada Fe y Alegría”, bien patrimonial que tiene más de cien años de existencia, en otro sector de la ciudad técnicamente habilitado y que no implique riesgo para la comunidad educativa y la reconstrucción de las viviendas afectadas como consecuencia de las actividades antrópicas.                                                   

 

Artículo 4.- Requerir al Gobierno Nacional que se verifique y controle que  la entrega de los recursos económicos provenientes de las regalías mineras que les corresponden a los niveles de gobierno local, se realicen de conformidad con lo establecido en los artículos 408 de la Constitución de la República y 93 de la Ley de Minería para que estos sean destinados a proyectos de inversión social, prioritariamente para cubrir las necesidades básicas insatisfechas y el desarrollo territorial de esta área afectada directamente por la actividad minera, de conformidad con la Constitución y la ley. Que se entreguen todos los recursos económicos que están pendientes a los gobiernos locales por concepto de regalías mineras.   

Artículo 5.- Demandar del Gobierno Nacional disponga la inmediata evaluación en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales de los actuales concesionarios, para revertir las concesiones mineras que se encuentren incumpliendo la Constitución y la ley; definir las zonas que se asignarán a los mineros artesanales del Distrito Minero Zaruma, Atahualpa y Portovelo, en la provincia de El Oro; y, se proceda a entregar los títulos que les habiliten como mineros artesanales regularizados, para que continúen trabajando de forma responsable con absoluta formalidad fuera de la zona de exclusión minera de Zaruma, en el marco de la ley, con responsabilidad ambiental y social y bajo el control de las autoridades competentes.

Artículo 6.- Solicitar a la Gobernación de la provincia de El Oro, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Zaruma y más autoridades de esta jurisdicción territorial, para que en el marco de sus competencias y con la participación de la ciudadanía, fortalezcan los controles de regulación territorial, así como la  correcta aplicación de las facultades y competencias establecidas en el COOTAD y continúen ejecutando las acciones y planes en coordinación con las autoridades del gobierno central, para enfrentar este desastre que mantiene angustiada a la población del casco histórico de la ciudad de Zaruma.   

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de septiembre de 2017.

 

 

Dr. José Serrano Salgado

PRESIDENTE

 

Dra. Libia  Rivas Ordóñez

SECRETARÍA GENERAL